Vacíos de Protección: Acercamiento a la realidad de Venezuela como país de acogida

"El Servicio Jesuita a Refugiados hace presencia en la región de Latinoamérica, especialmente en Colombia y sus países fronterizos: Venezuela, Ecuador y Panamá. A partir del trabajo con la población en situación de desplazamiento y refugio ha identificado que la perspectiva en la región acerca de la atención, asistencia y protección a las personas refugiadas, solicitantes y víctimas, ha tenido avances normativos y muchos retrocesos en la implementación en un marco amplio."


"La mayoría de las personas con necesidad de protección internacional (PNPI), que realizan solicitudes de refugio o que son atendidos por alguna organización humanitaria presentan casos muy parecidos, los cuales están relacionados por constantes amenazas y riesgos a su vida, seguridad e integridad por parte de grupos armados que hacen presencia en los departamentos colombianos de Norte de Santander, Guajira, Arauca y Cesar, entre otros. Así mismo, se incluye cada vez más con frecuencia a los grupos neo-paramilitares o bandas criminales, que también obligan a las personas a desplazarse de manera forzada.

Tomando como base los monitoreos y diagnósticos participativos en las zonas y comunidades atendidas por el SJR, especialmente en frontera, se destacan:

• Retardo en el proceso de reconocimiento del estatuto de refugio.

• Inmotivación o motivación insuficiente que permita el real ejercicio del derecho a la defensa, frente a las decisiones negatorias del Estado.

• Documentación inadecuada que certifica la cualidad de solicitante de refugio y el acceso al goce efectivo de los derechos reconocidos por el Estado venezolano, tanto a solicitantes como a refugiados. Esto se debe principalmente, al hecho de que dicho documento funciona como una constancia para el solicitante principal y su grupo familiar, pero no contiene los elementos de formalidad necesarios para identificación individualizada, ni contiene códigos o números validos dentro de los sistemas públicos, para identificar extranjeros dentro del territorio nacional.

En este sentido, insistimos en que la herencia reconocida en las Declaraciones de Cartagena, San José y México no son meros discursos de buena voluntad, antes bien, reflejan la voluntad de hacer un debido balance entre los legítimos intereses del Estado en materia de seguridad y las necesidades humanitarias de las personas que requieren protección, mediante una aplicación integral y convergente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de Refugiados, a fin de fortalecer la protección de los refugiados y otras personas que también requieren protección. Se hace necesario que un país como Venezuela y los países fronterizos con Colombia permitan el reconocimiento de los perfiles y necesidades de protección de los refugiados con ocasión del conflicto colombiano derivados de las dinámicas de violencia y persecución que sufren las víctimas civiles.

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