Por: Francisco de Roux, S.J.Mayo 25, 2017 Más impactante fue oír allá que “la mejor noticia internacional del siglo XXI es el proceso de paz de Colombia”, y para algunos, “la única buena noticia internacional”. En contraste con la mitad de los colombianos que, llevados por la disputa política, piensan que el acuerdo con las Farc es la peor noticia del mundo, y repiten aterrados las consignas de campaña: la economía está mal por culpa de la paz, se acabará la propiedad privada, se impondrá el modelo venezolano. Por eso es importante analizar estos temas convertidos en emblema en la lucha por votos. Más en este momento, cuando la protesta social legítima no puede tirar por la borda los logros humanos de la paz y dar así combustible al oportunismo político en campaña. En primer lugar, no es cierto que la desaceleración económica, de todo el continente, se deba al proceso de paz. Las razones son otras. La más importante, la dependencia excesiva en el petróleo. Allí fluyó la inversión externa y en escala menor a la minería. Solo la industria extractiva, de ganancias inmensas en precios altos, puede correr los riesgos habituales de los proyectos minero-energéticos y, además, los del secuestro y extorsión. Pero cuando los precios caen, esa inversión se va. Contrariamente a lo que se dice, el conflicto armado interno mantuvo encerrada la inversión externa en la dependencia extractiva y cortoplacista, y agravaba este encierro la trampa de la coca para financiar la guerra. Ahora, sin Farc, será distinto. Va a acrecentarse la inversión externa en manufacturas y tecnología, de mediano y largo plazo, que no ha sido significativa en Colombia, porque esa industria no puede correr los riesgos de la guerra. Y van a crecer los bienes y servicios ecosistémicos y la producción de comida que son el futuro nuestro. En segundo lugar, el proceso de paz, lejos de estar contra la propiedad privada en el campo, la protege y fortalece. Titula a todos los poseedores. Da propiedad privada sobre millones de hectáreas a campesinos con vías, tecnología, crédito y educación apropiada. Respeta la propiedad colectiva de indígenas y afros. Y en la versión que se discute en el fast track, protege el desarrollo empresarial y da seguridad jurídica. Ojalá los congresistas y la Corte Constitucional tengan claro que la injusticia en la concentración de la tierra, rechazada por la Enseñanza social de la Iglesia, va de la mano con la ineficiencia. Los 34 millones de hectáreas dedicadas a ganadería producen el 36 % del PIB agropecuario, mientras los 4 millones de hectáreas dedicadas a agricultura producen el 64 % del PIB agropecuario. Y mientras muchos que quieren producir comida no tienen tierra en un país, importó cerca de 16 billones de pesos en comida y bienes agrícolas el año pasado. En tercer lugar, es falso que la paz sea el modelo venezolano. Ese modelo no puede hacerse en Colombia: allá todo el dinero del Gobierno es ingreso petrolero, acá la inmensa mayoría del dinero del Gobierno es ingreso producido por los colombianos. Es cierto que Venezuela ha ayudado a la paz. Las Farc y el Eln tienen deudas inmensas con el régimen de Chávez. Pero, independientemente de las lealtades de izquierda y derecha y de la geopolítica mundial, es terquedad inhumana y torpeza política no ver el fracaso social y económico convertido en hambre, y en los reclamos justos de libertad y democracia del sufrido pueblo de Venezuela.
