Por: Francisco de Roux, S.J.Abril 7, 2016 Esta columna ha expresado solidaridad con los secuestrados, desaparecidos, indígenas, afrocolombianos y víctimas de ‘falsos positivos’. Hoy lo hacemos con los trabajadores por la paz en Arauca, y de manera especial con los miembros de la Marcha Patriótica, porque el asesinato de más de cien personas desde que empezó este movimiento popular podría llevar, si no se actúa rápido, a que se levante el monstruo que campeó sobre el país desde mediados de los años 80. Entonces había un grupo exterminador de alto nivel, difícil de identificar en sus miembros por esta sociedad de impunidades, pero claramente evidente en sus procedimientos. El grupo empujaba la eliminación de personas de sectores populares y del campo. Mataron a miles. Participaron activamente en el genocidio de la Unión Patriótica; y con las personas conocidas públicamente tenían una moral elegante: por un mensaje escrito u oral, o por un amago de atentado, les hacían saber que eran “no gratas” y las forzaban a irse del país, pues, si no se iban, se veía obligado a matarlas por el bien de Colombia. Muchos vivimos en carne propia esta historia, y los que no salieron para siempre o por un tiempo están en los cementerios. La Marcha Patriótica es un movimiento civil democrático de izquierda, en movilización y debate público. Propio para una Colombia posconflicto armado, donde puedan convivir las posiciones políticas de derecha, de centro y de izquierda. Sus líderes son mayoritariamente campesinos que sobrevivieron en organizaciones rurales al holocausto de la Unión Patriótica. Muchos llevan la memoria de sus familiares asesinados y tienen el coraje de los acrisolados en la resistencia civil. Han optado por la paz como se viene dando, y apoyan los diálogos. Saben trabajar en las bases del campo y las ciudades. Son significativos en este momento, porque constituyen una verdadera organización way out (camino de salida) que enseña una forma práctica de hacer política a los que dejen las armas, ofrecida desde los civiles. Sus posiciones y métodos están para ser discutidos, pero tenemos la obligación de hacer respetar lo sagrado de sus vidas, si realmente tenemos dignidad en este país. Es obvio que el paro armado de la semana pasada, de organizaciones criminales que asesinaron a varios policías, agiganta el riesgo y la desprotección de un movimiento que siempre fue blanco de los paramilitares. Por otra parte, cabe ponderar la magnitud y el buen comportamiento ciudadano de la protesta legítima de las marchas del pasado 2 de abril, que, sobre todo en Medellín, mostró una ciudadanía viva, en un país que puede ser democrático en la diferencia de sus posiciones. Pero es necesario advertir que, en todos los escenarios, el lenguaje y las actitudes de máxima agresividad y furia contra la forma como, de hecho, se adelanta el proceso de paz crean un ambiente propicio para la creación de aparatos exterminadores que se alimentan en el odio para imponer el terror. Es el momento de estar al lado de las víctimas, de todas las víctimas, y de oponernos a todo atentado contra la vida; y, particularmente, de mostrar nuestra solidaridad, como ciudadanos y cristianos, con quienes son perseguidos y asesinados porque en su ideario luchan sin armas por la justicia, aunque no se compartan todas sus posiciones políticas.
