Por: Francisco de Roux, S.J.Marzo 10, 2016 Esta construcción ha de hacerse desde veredas, corregimientos y poblaciones del conflicto, donde ni las instituciones ni los actores armados operaron en el vacío, sino en medio de embriones de ciudadanía y regulación social, impulsados por líderes locales que tuvieron el coraje de resistir civilmente a pesar de que mataron a más de cuatro mil de ellas y de ellos. Esta es la gente que conoce la sociedad local y sus organizaciones, piensa a largo plazo y lucha por sus familias, sus montañas y sus tradiciones. Esta es la base ciudadana de la reconstrucción de los partidos, las instituciones y la paz. La dimensión territorial es necesaria porque el conflicto armado y las economías ilegales afectaron de manera diferente a las diversas regiones, cabeceras municipales, corregimientos y veredas; en conglomerados de municipios que en unos casos comparten identidades étnicas y culturales, pero en otros no, porque los diversos orígenes impiden u obstaculizan una identidad común a pesar de habitar el mismo espacio. Estos grupos de municipios, desde sus veredas y corregimientos, fueron corredores o enclaves de guerra y requieren una tipo de seguridad propia; comparten cuencas y montañas que les exigen unirse para la sostenibilidad medioambiental; no son viables en sus proyectos económicos si no van juntos; y necesitan una educación apropiada. Por eso el desafío de construir la paz tiene que recoger las diversidades profundas y la perspectiva territorial de las agrupaciones de los municipios victimizados.La burocracia política en estos territorios – y particularmente en los municipios lejanos– fue impactada y en muchos casos perdió el rumbo del bien común ante la amenaza, la extorsión, y las exigencias del “sálvese quien pueda” que ahondó allí la corrupción inmensa del país. La paz exige partir de aceptar esta burocracia política local, que maneja los recursos de transferencia municipal, para convertirla paulatinamente a la construcción de lo público, y esta conversión tomará tiempo. Pero para que sea posible la transformación del Estado en los territorios y la asignación eficiente y transparente de los bienes de la paz, es menester diferenciar los recursos de transferencias que van a la burocracia, de los recursos extraordinarios de la paz que deberían ser gestionados por una institución mixta, formada por líderes de lo hondo del territorio comprometidos en lo social, lo cultural, lo empresarial, lo espiritual y lo medioambiental; y por miembros de la burocracia política escogidos por su visión de paz. Tendría una duración definida en años y rendimiento de cuentas ante los ciudadanos y el gobierno. Los bienes de la paz tienen una intencionalidad propia: ellos son para profundizar y hacer viable la reconciliación desde las comunidades victimizadas, la tranquilidad, el complejo proceso de incorporar a los excombatientes y honrar e interpretar los acuerdos, la educación apropiada, la reconstrucción institucional y política, los proyectos de largo plazo que reoriente los territorios; y la coordinación orgánica de la actuación de las instituciones nacionales e internacionales. Ojalá el gobierno y la cooperación internacional comprendan la necesidad de esta institucionalidad territorial propia, de largo plazo, de lo contrario el dinero que inviertan nunca conseguirá “la paz grande” que ya ha costado tantos sacrificios humanos al pueblo de Colombia.
