Por: José Leonardo Rincón, S.J.Agosto 25, 2017 La Constitución Política de 1991, considerada por muchos como un logro extraordinario en cuanto monumental obra jurídica, fruto del consenso multipartidista, ha sido considerada por otros como demasiado perfecta para un país como el nuestro. Recuerdo expresiones como “está hecha para Suiza o un país nórdico, pero no para la realidad colombiana”, si se quiere un comentario bastante desalentador por cuanto de aceptarlo significaría que este país de leyes no merecía tamaño logro y tendríamos que conformarnos con una Carta Magna de inferior calidad. De hecho, en la práctica, a lo largo de estos más de 25 años de existencia y puesta en práctica de la nueva Constitución, se le han ido introduciendo algunas modificaciones, unas plenamente entendibles o justificables y otras más atadas a intereses políticos de turno, como el del asunto de la reelección presidencial, prohibida en el texto original, luego introducida y puesta en ejecución y finalmente de nuevo prohibida. Entre las “novedades” que nos deparó la nueva Constitución estuvo la “Acción de Tutela”, un mecanismo de rápida ejecución que pretende proteger los derechos fundamentales e inalienables de los ciudadanos frente al peligro de su eventual vulneración. Su intencionalidad es clara y perfecta, a mi modo de ver. Defender el derecho a la vida, a la educación, a la libertad de expresión, por mencionar apenas unos cuantos, resulta no sólo razonable y sensato, sino también indiscutible. Recuerdo que en sus primeros años no se sabía cómo emplearla, ante quien presentarla, el modo de hacerlo, etc. Era menester decidir, por parte de las estancias judiciales, si procedía o no.Con el correr de los años se fue incrementando su uso hasta llegar al abuso, es decir, eso que se ha denominado “tutelitis”, una realidad enfermiza que se ha prestado para manipular determinados intereses, bloquear procesos, pretender causas para propias conveniencias, con el ánimo de obtener beneficios, etc. Los datos que se tienen es que ha sido tal la “explosión” de este mecanismo que por la vía rápida quiere obtener claridades y resultados, sin los tediosos e interminables procesos jurídicos de la vía ordinaria, que ha llegado a saturar por no decir colapsar los juzgados de la República. Se sabe a ciencia cierta que colectivos acuden a ella pidiendo a sus adherentes que de modo personal presenten sobre una misma pretensión, múltiples acciones de tutela, para lograr lo que se quiere. Se conoce el caso de tutelas similares, por no decir iguales, presentadas a juzgados distintos, que obtienen sentencias contradictorias, es decir, lo que un juez puede conceder, otro lo puede rechazar. La claridad final se logra cuando el proceso se traslada a otras instancias y asciende a los Tribunales Superiores y hasta las altas Cortes. Por estas vías ciertamente se ha logrado con las sentencias definitivas generar doctrina jurídica y enriquecer el corpus legal. En mi trasegar por el mundo de la educación he sido no sólo testigo sino también actor de procesos generados por acciones de tutela. He visto logros maravillosos, como esos de frenar exabruptos y atropellos por parte de quienes detentando la autoridad pretendían con ella avasallar y maltratar a sus subalternos, pero he visto también cómo vagos y perezosos y hasta potenciales delincuentes buscan escudarse en supuestas vulneraciones de derechos para salirse con la suya. A veces los jueces de primera instancia, ingenuamente sucumben ante los manidos argumentos de tinte victmista y por eso ha sido necesario apelar y hacer recursos de reposición hasta lograr asaz claridad. No es fácil. Demandante y engorroso, toma horas y días enteros atender la materia, acopiar pruebas y evidencias, recurrir a los debidos procesos, responder juiciosa y atentamente con válidas argumentaciones. La verdad está en juego y debe salir airosa. Recuerdo el caso de unos estudiantes que fueron expulsados del colegio porque rompieron el techo de una oficina scout para hurtar unos cuantos bienes. El juez ordenó que se les reintegrara porque se les vulneraba el derecho a la educación. El acto de robar y la delincuencial manera como lo hicieron no valieron para el juez. Fue necesario ser más contundente en la argumentación: jóvenes miembros de esta asociación que se caracteriza por sus valores éticos y formación para la verdad y la honestidad entraban a robar pertenencias de su propio grupo! Las fotos evidenciaban la manera como de manera violenta habían roto el techo de la casa scout. La confesión del celador que se dejó sobornar por unos cuantos pesos para “no ver ni oír nada”… todo parecía perdido para la institución educativa y ganancia para los malandrines que alcahueteados por sus papás llegaron al cinismo de afirmar que estaban haciendo un ejercicio scout. Por suerte se hizo justicia y el Tribunal Superior y luego en revisión por la alta Corte, no sólo fallaron en favor del Colegio sino que amonestaron al juez por proferir esa sentencia y al abogado de la contraparte por la forma como presentó el caso. He vivido otros casos, como el del estudiante mediocre que lo ha sido tal todo el tiempo, ha desaprovechado todas las oportunidades que la Institución Educativa le ha proporcionado para salir adelante, presenta evaluaciones finales desastrosas, no logra aprobar, no alcanza graduarse, pero pone una tutela porque quiere que le den su diploma a como dé lugar, buscando con ello exaltar su flojera y medianía, queriendo las cosas fáciles bajo la ley del menor esfuerzo. También he tenido que afrontar casos como el del empleado apoltronado en su cargo por años, que llega y sale a la hora que quiere, que no cumple con sus deberes mínimos que, cuando los hace, los hace con lentitud y, finalmente, si termina, están mal hechos, se la pasa jugando en el celular, mirando revistas, atendiendo a medias a los usuarios y cuando se le indemniza, protesta porque se le vulneró el derecho al trabajo… definitivamente hay gente muy descarada que quiere mediante su tutelitis sentirse amparada en su vagancia. Más todavía confiamos en la justicia, que a veces cogea, pero siempre llega, ya ante los tribunales humanos que saben distinguir entre la justa tutela y la enfermiza tutelitis, ya ante los tribunales divinos que son los que dan la inapelable sentencia definitiva y a los que nos acogemos finalmente.
