Por: Francisco de Roux, S.J.Febrero 4, 2016 Efectivamente, en octubre de 1990 la Coordinadora Guerrillera pidió a la Junta pre-Constituyente solicitar la ayuda de la Iglesia para facilitar diálogos entre la insurgencia y el Gobierno, porque, decían, “no podemos derrochar la oportunidad más clara de renovación y transformación que nuestra historia nos ha ofrecido”. El Gobierno aceptó abrir negociaciones y acogió la mediación del episcopado. En febrero de 1991, la Constituyente inicia sesiones declarando que “el propósito de la nueva carta fundamental es ser instrumento de entendimiento en paz entre los colombianos”. En marzo, la Asamblea crea una delegación para escuchar a la Coordinadora Guerrillera, y pide a la Conferencia Episcopal la comisión de facilitación. El comandante Bernardo Gutiérrez, del Epl, pone sus armas “a discreción de la Constituyente” y declara: “Hasta hace ocho días éramos el Ejército Popular de Liberación, ahora somos el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Pueden contar con nosotros en la gran empresa de reconciliar el país”. Horacio Serpa tomó el juramento de los constituyentes del Epl, Jaime Fajardo y Darío Mejía. Y se integró a la Asamblea Alfonso Peña Chepe, del movimiento armado indígena Quintín Lame. En abril, la Conferencia Episcopal realiza las gestiones que facilitan el diálogo de paz. El presidente César Gaviria se dirige a los constituyentes para decirles: “El esfuerzo de ustedes es el camino correcto para llegar a un nuevo tratado de paz duradero y un nuevo acuerdo sobre lo fundamental”. En mayo, la Asamblea Constituyente expresa su complacencia por el inicio de los diálogos en Cravo Norte y se hace presente con una comisión que, declara, seguirá “en las citas que permitan de una manera efectiva llegar a una, ya muy pronta, paz en Colombia”. Los diálogos se trasladan a Caracas e ‘Iván Márquez’ y ‘Alfonso Cano’ envían carta para agradecer la presencia de los miembros de la Asamblea. En junio, la Coordinadora Guerrillera pide que reciban en el recinto de la Constituyente a ‘Manuel Marulanda’. El ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, interviene para expresar: “Solo cuando exista una inequívoca decisión de la guerrilla de hacer dejación de las armas y de entrar en el camino decisivo de la paz podrán producirse las medidas de tipo jurídico que posibiliten la presencia de la guerrilla en ese recinto”. El 4 de julio de 1991 se proclama la nueva Constitución, y el país está en plenas negociaciones de paz. Infortunadamente, el 19 de octubre se terminan las negociaciones, ante atentados contra ciudadanos. La Comisión Especial Legislativa, creada por la Constitución, se pronuncia para pedir que no se abandonen los diálogos entre el Gobierno y la insurgencia, pues lo contrario es “regresar a un recrudecimiento de la violencia política, que nada sirve al país y aleja la posibilidad de construir la nueva Colombia más democrática y justa para todos, con mayores posibilidades de desempeño en el concierto internacional”. La historia probó que sin el diálogo, el país de la Constitución de la paz y de los derechos humanos entraba en el período más duro de violencia política. Hoy estamos llamados todos a retomar la esperanza y, respetando nuestras diferencias, a rescatar el espíritu magnánimo que nos unió y nos permitió soñar y construir juntos en 1991.
